En una movida que pone fin a uno de los conflictos legales más mediáticos en el mundo del reggaetón, Daddy Yankee y su ex esposa Mireddys González alcanzaron un acuerdo total y definitivo sobre las reclamaciones vinculadas al uso de las marcas registradas del artista.
De acuerdo con los documentos presentados ante la jueza federal María Antongiorgi Jordán, dicho pacto involucra el reconocimiento por parte de González de que Daddy Yankee (o Ramón Luis Ayala Rodríguez, su nombre legal) tiene plena libertad para usar sus marcas comerciales, incluidos "Daddy Yankee", "DY" y aquellas derivadas o asociadas, sin impedimentos legales, ya sea directos o indirectos.
El acuerdo se formalizó mediante una moción conjunta entregada esta semana, en la que ambas partes solicitaron que el tribunal dictara una sentencia incorporando los términos pactados.
Según el documento, la sentencia sería definitiva, inapelable, y la corte federal conservará jurisdicción para hacer cumplir el pacto en caso de que alguna de las partes incumpla sus compromisos.
Dentro de los compromisos asumidos, González acuerda que no iniciará ni apoyará acciones tendientes a limitar el uso de las marcas, no presentará oposiciones ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), ni registrará marcas sustancialmente similares que puedan causar confusión. Asimismo, ambas partes se obligaron a no menospreciar ni diluir las marcas del otro.
Este acuerdo ocurre en un momento estratégico para el artista, pues desde hace algunos meses mantiene una disputa legal con González por supuestas acciones ejecutadas durante el proceso de separación.
Entre las alegaciones previas, Yankee acusó a su ex esposa y a la hermana de ella de transferir 100 millones de dólares desde cuentas corporativas hacia cuentas personales sin su consentimiento, además de destruir evidencias y documentos relacionados a sus empresas musicales "El Cartel Records" y "Los Cangris, Inc."
A pesar de que este pacto resuelve el capítulo federal de la disputa por marcas, no cierra del todo las disputas entre ambos.
Todavía está pendiente la división de bienes en el ámbito estatal y otros litigios relacionados con las operaciones empresariales conjuntas durante su matrimonio de casi 30 años.
