por Agencia México
29/10/2025 09:07 / Uniradio Informa Sonora / Gobierno / Actualizado al 29/10/2025
TIJUANA.- Simón Levy, exsubsecretario de Planeación Turística del gobierno federal, fue detenido el martes 28 de octubre en Lisboa, Portugal, por autoridades locales en coordinación con Interpol. La captura ocurrió alrededor de las 10:00 horas en un hotel céntrico de la capital portuguesa, tras una alerta migratoria emitida por México.
Sobre Levy pesan dos órdenes de aprehensión vigentes: una por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra, y otra por amenazas y daño doloso en propiedad ajena. Ambos procesos derivan de denuncias interpuestas en la Ciudad de México desde hace varios años, y se intensificaron tras su negativa a comparecer ante las autoridades judiciales.
El exfuncionario abandonó México en 2020, poco después de que se giraran las primeras órdenes de presentación en su contra. Desde entonces, su paradero fue incierto, aunque se le vinculó con actividades empresariales en Europa y Asia. La ficha roja de Interpol fue solicitada en 2023 y emitida en agosto de 2025, tras su reiterada evasión de la justicia mexicana.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la detención durante su conferencia matutina del miércoles 29 de octubre, señalando que "todo indica que así fue. Que fue detenido en Portugal, en base a una ficha roja y a una denuncia en su contra, presentada hace años".
Simón Levy ha sido una figura polémica tanto en el ámbito público como privado. Empresario del sector inmobiliario y promotor de proyectos turísticos, fue criticado por su estilo confrontativo en redes sociales, donde protagonizó múltiples disputas con periodistas, activistas y excolaboradores.
En 2021, fue acusado públicamente de agredir verbalmente a una vecina en un conflicto vecinal, lo que derivó en una denuncia formal. Aunque negó los hechos, el caso contribuyó a su deteriorada imagen pública.
De ser extraditado y hallado culpable, Levy podría enfrentar penas que van desde cinco hasta quince años de prisión (según el Código Penal de la CDMX para daño doloso, amenazas y delitos ambientales agravados), dependiendo de la gravedad de los delitos ambientales y patrimoniales que se le imputan. La Fiscalía capitalina ya trabaja en conjunto con la Fiscalía General de la República y la Oficina Central Nacional de Interpol México para agilizar su traslado al país.
Su detención representa un giro significativo en un expediente que permanecía estancado desde hace más de tres años, y abre la puerta a nuevas investigaciones sobre su gestión y vínculos empresariales.