Histórica reparación para Cananea y el Río Sonora: fin a décadas de abandono
La justicia social y ambiental comienza a materializarse para los extrabajadores mineros de Cananea y las comunidades del Río Sonora, tras el anuncio de los Planes de Justicia impulsados por los gobiernos federal y estatal, que ponen fin a conflictos históricos y garantizan atención integral a la población afectada.
Con una inversión conjunta de 2 mil 222 millones de pesos, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el Gobierno de Sonora, liderado por Alfonso Durazo Montaño, concretaron acuerdos que cierran definitivamente la huelga minera de la Sección 65 y dan respuesta a las afectaciones provocadas por el derrame de tóxicos en el Río Sonora.
Durante su participación en la Conferencia Matutina en Palacio Nacional, el gobernador Durazo destacó que esta resolución representa el cierre de una deuda social que por años fue ignorada, reconociendo la perseverancia de los mineros y de las comunidades ribereñas que mantuvieron su lucha durante más de una década.
El plan contempla la aportación mayoritaria de Grupo México, con mil 500 millones de pesos, además de recursos del Gobierno Federal y del Estado de Sonora, destinados a indemnizaciones laborales, acciones ambientales y fortalecimiento de la infraestructura de salud en la región.
Entre las medidas anunciadas se encuentran estudios ambientales para evaluar la calidad del agua y los sedimentos, saneamiento de suelos contaminados, monitoreo en tiempo real del agua, construcción y rehabilitación de plantas potabilizadoras, así como equipamiento especializado para laboratorios y unidades médicas.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, subrayó que, tras 18 años, se logró la liquidación de más de 650 mineros, mientras que los habitantes de ocho municipios del Río Sonora recibirán, después de 11 años, atención ambiental y sanitaria integral.
Las acciones del plan comenzarán en enero de 2026 y marcan un precedente en la resolución de conflictos sociales y ambientales, alineados con una política pública basada en el humanismo y la defensa de los derechos de las comunidades afectadas.