por El Universal
26/06/2025 09:06 / Uniradio Informa Sonora / Gobierno / Actualizado al 26/06/2025
México.- Con el voto en contra de PAN y PRI, y la abstención de MC, que advirtieron riesgos al patrimonio, la seguridad, los datos personales y los derechos humanos, el Senado aprobó reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, a fin de fortalecer las capacidades del Estado en el combate al "lavado" de dinero.
La noche de este miércoles, la senadora de Morena, Lucia Trasviña, presentó la reserva que elimina la referencia al financiamiento al terrorismo en diversos artículos de la iniciativa, ya que dicho término está contenido en el Código Penal Federal.
Explicó que en México ya se tipifica el aporte o la recaudación de fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades, individuos u organizaciones terroristas.
Javier Corral, legislador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, explicó que el propósito es garantizar la estabilidad del sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional, es una herramienta fundamental para enfrentar la inseguridad, la impunidad y el financiamiento a las redes criminales de alto impacto.
Rechazó que se habilite a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a intervenir en operaciones financieras sin control judicial o del Ministerio Público, convirtiéndolas en órganos de vigilancia sobre ciudadanos.
"No es una ley penal ni de persecución de delitos, sino una ley de naturaleza preventiva y administrativa. Su objetivo es evitar que el sistema financiero y económico sea utilizado con fines ilícitos mediante medidas de identificación, reporte y control", aseguró.
Guadalupe Murguía, senadora del PAN, afirmó que su bancada respalda el objetivo de identificar y prevenir el "lavado" de dinero y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero advirtió: "Tal como está la reforma implica afectaciones a los derechos humanos, a los datos personales, al patrimonio financiero de las personas que puede ser bloqueado incluso sin autorización judicial, al secreto bancario y a la presunción de inocencia".
Por el PRI, Claudia Anaya denunció que es más una persecución contra las actividades informales o las organizaciones religiosas o filantrópicas que contra el lavado: "Ahora resulta que no ve nadie en este país los grandes movimientos de lavado de dinero, que ya nos dijo el Departamento del Tesoro que tres bancos mexicanos van a tener suspensión de actividades en Estados Unidos por 'lavado' de dinero, particularmente vinculados con Alfonso Romo, gente por cierto muy cercana a ustedes, que le está lavando dinero a cuatro cárteles mexicanos y nadie vio nada.
"Ya salió el desplegado de la Secretaría de Hacienda, dice Edgar Amador, 'yo no vi nada'. Pues cómo va a ver, si él trabajaba en Vector, uno de los bancos que están señalados por esta actividad. Entonces, ¿ven o no ven? ¿Quieren hacer o no quieren hacer?, porque contra los peces gordos no van, van contra los ciudadanos, van contra la clase más oprimida, como pueden ser los trabajadores informales", señaló.
Alejandra Barrales, de MC, afirmó que esta reforma posibilita el acceso de la Unidad de Inteligencia Financiera a información, datos, imágenes y documentación de los mexicanos en posesión de los entes públicos sin restricción alguna.
La reforma incorpora reglas específicas y sistemas automatizados para el monitoreo de personas políticamente expuestas, como secretarios de Estado, jueces, policías, legisladores y demás servidores públicos de los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión, así como de los órganos autónomos.
Se incorporan nuevas actividades vulnerables como desarrollos inmobiliarios, compraventa de criptomonedas y fideicomisos; se refuerza la obligación de reportar beneficiarios finales en todas las operaciones relevantes; se amplía la definición de relación de negocios y se introduce la obligación de documentar la identidad de los actores involucrados.
