Amenazan a periodistas de Baja California tras publicar denuncias contra la 'Patrulla Espiritual'
- La 'patrulla' fue acusada por activistas de exhibir a adictos por "clicks".
- El Colegio de Abogados de Tijuana señaló que hay actividades que puede tipificarse como secuestro.
BAJA CALIFORNIA.- Periodistas de Baja California denunciaron que han sido víctimas de amenazas luego de publicar notas relacionadas al tema de las denuncias de activistas en contra de la denominada "Patrulla Espiritual", que entre otros asuntos señalaron prácticas criminales como retener en contra de su voluntad a una mujer transexual a quien trasquilaron y humillaron, además de someterla a una supuesta terapia de conversión prohibidas por la ley.
La Red de Periodistas de Mexicali emitió un posicionamiento en el que indica: "La Red de Periodistas de Mexicali condena las recientes amenazas que han recibido colegas comunicadores y periodistas, tras publicar sobre la intervención de la Patrulla Espiritual a una persona trans en Tijuana. Independientemente de las opiniones políticas, ninguna persona debe ser víctima de amenazas de muerte o cualquier otra cosa que atente contra su integridad como persona".
"Solo en Mexicali, se registraron al menos 5 amenazas contra colegas, que fueron desde insultos hasta amenazas de muerte", detallaron los periodistas y comunicadores.
A lo que agregaron: "Exigimos a la Fiscalía General del Estado de Baja California y a su titular, María Elena Andrade Ramírez, que investigue toda actividad violenta que atente en contra de la libertad de expresión. A la gobernadora del Estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que realice las acciones necesarias para promover un ambiente de paz en la entidad, así como que prioricen el financiamiento de elementos que puedan investigar este tipo de acontecimientos en redes sociales".
* Las denuncias.
Cabe mencionar que en las últimas horas, entre otros casos, representantes del Frente Ciudadano Amor, Dignidad y Lucha y activistas de la diversidad sexual protestaron contra el centro de rehabilitación "Patrulla Espiritual" para exigir atención con enfoque de salud mental y respeto a la identidad de género.
Amanda Rodríguez González, integrante del Frente Ciudadano Amor, Dignidad y Lucha, señaló que los tratamientos para consumo problemático de sustancias deben dejar atrás esquemas de castigo y adoptar modelos de apoyo especializado y dignificación. Advirtió que prácticas basadas en discursos religiosos o moralistas podrían constituir terapias de conversión, además de ignorar obligaciones legales relacionadas con derechos humanos y diversidad sexual.
Elisa Sofía, activista de la diversidad sexual, denunció que el centro habría retenido a una mujer trans, le cortaron el cabello y buscaron imponerle una identidad masculina, situación que consideró un acto de humillación y discriminación. Explicó que las terapias de conversión están sancionadas por la ley y criticó que se relacione la diversidad sexual con enfermedades o adicciones. También reprochó la exposición pública de personas vulnerables para generar contenido en redes sociales.
Karol, activista de la comunidad LGBT, aseguró que la protesta busca que quienes operan estos espacios reciban capacitación sobre diversidad sexual y derechos humanos, ya que los discursos discriminatorios ponen en mayor riesgo a la población trans.
* Los delitos que estarían cometiendo.
La forma en que operan algunos centros de rehabilitación podría configurar delitos como privación ilegal de la libertad e incluso secuestro, advirtió David Rincón, Presidente de la Federación de Barras y Colegios de Abogados de Baja California (Fedabo BC).
Explicó que en diversos anexos las personas son internadas por decisión de familiares sin otorgar consentimiento, situación que consideró ilegal y violatoria de derechos fundamentales.
Señaló que algunas brigadas recorren calles para recoger personas con aparentes problemas de adicción y trasladarlas a centros de rehabilitación sin autorización previa.
Indicó que al privar de la libertad a una persona sin su consentimiento podrían actualizarse conductas sancionadas por la ley, independientemente de la intención de rehabilitación.
David Rincón añadió que en ciertos casos se solicita dinero a familiares para liberar o mantener contacto con las personas internadas, bajo el argumento de aportaciones voluntarias.
Consideró que cuando esas cuotas son condicionadas para recuperar la libertad de una persona, la conducta podría escalar jurídicamente hasta el delito de secuestro.