por El Universal
06/10/2025 08:45 / Uniradio Informa Sonora / Sociedad / Actualizado al 06/10/2025
NEZAHUALCÓYOTL, Méx.- Jaime "N", acusado de proporcionar el vehículo Mercedes-Benz, en el que presuntamente trasladaron a los artistas colombianos, Bayron Sánchez, conocido como DJ B-King, y Jorge Herrera, DJ Regio Clown, de Polanco a Cocotitlán, donde los encontraron decapitados y desmembrados el 17 de septiembre, es "chivo expiatorio", aseguraron sus familiares.
Su esposa Anabel y su sobrina Georgina, además de su abogado, Ángel Carrera Juárez, denunciaron que es un caso plagado de irregularidades, por la falta de pruebas, detenciones arbitrarias y presión mediática internacional.
Ángel Carrera, representante legal de Jaime "N", uno de los cuatro implicados en el asesinato de los sudamericanos, sostiene que la imputación carece de fundamento sólido.
"Las personas detenidas son absolutamente inocentes. La imputación se basa en suposiciones, en puros supuestos de su responsabilidad. No hay ningún vínculo, no hay datos de prueba, no hay evidencia que ellos hayan abordado el vehículo que se menciona, ni relación con un taller donde dicen que pintaron los rines de un auto que podría estar vinculado con las víctimas", afirmó.
Además, comentó que un video presentado como prueba no identifica claramente a los acusados. "No hay prueba de antropometría forense para acreditar esa responsabilidad. La conducta que se les atribuye es que uno prestó un carro y otros pintaron los rines de rojo, pero no está acreditado ni el tiempo ni el lugar de esos hechos", explicó.
El abogado mencionó que el juez asumió la relación de los acusados a la Unión Tepito sin pruebas contundentes, lo que ha provocado su privación de la libertad.
"Esta defensa está convencida de que esas conductas no llevaron a la muerte de los músicos colombianos. Esperamos que, al presentar nuestras pruebas en el juicio, puedan alcanzar su libertad", dijo, pero advirtió que el proceso de investigación complementaria podría extenderse hasta seis meses.
Anabel, esposa de Jaime "N", expresó su dolor e indignación ante la situación.
"Mi esposo es un chivo expiatorio. Jamás ha estado involucrado en nada ilícito. Nunca hemos hecho nada malo. Los vecinos pueden testificar, llevamos 23 años viviendo en el mismo lugar, trabajando honradamente para salir adelante", expresó.
Visiblemente afectada, destacó la condición de salud de su esposo, de 62 años y diabético, y describió el proceso como una "injusticia".
"Están poniendo a una persona inocente dentro. Es una extorsión mental. No culpo a la presidenta (Claudia Sheinbaum) ni a la gobernadora del Estado de México (Delfina Gómez Álvarez), pero sí hay presión mediática por parte de Colombia. Nos detuvieron el 16 de septiembre, y mi esposo estaba conmigo ese día. Somos gente de bien, no tenemos tatuajes, no somos viciosos, todos salimos limpios en las pruebas", relató Anabel.
También, denunció irregularidades en un primer cateo de su hogar porque se hizo sin orden de un juez. Fueron cuando Jaime "N", Anabel y sus dos hijos, a quienes detuvieron mientras regresaban de vacaciones el 27 de septiembre, estaban en instalaciones de la fiscalía mexiquense en Toluca. Otro día regresaron con la orden de un juez, sólo para aparentar, pero ya lo habían hecho con anterioridad, acusó.
"La casa se quedó abierta por horas después de que nos llevaron. Vinieron con lamparitas, grabando, pero todo fue un caos", recordó.
La sobrina de Jaime, Georgina Montoya Martínez, atribuyó la detención a la presión ejercida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre las autoridades mexicanas.
"Ha habido un sinfín de irregularidades desde el momento de la detención, que fue ilegal y brutal. A mi tío le fabricaron delitos. Él se dedica a sacar autos de subastas y trabaja honestamente para mantener a su familia", afirmó.
Georgina desmintió que Jaime "N" tuviera un alias, como lo identificó la fiscalía mexiquense: "El Puga", porque ese es su apellido, no un apodo delictivo.
"Mi tío no conoce a las personas con las que lo vinculan. Es injusto, están destruyendo a una familia buena sólo por querer presentar un culpable y apagar la presión mediática".
Cuando detuvieron a Jaime, su esposa y a sus hijos, los acusaron por delitos contra la salud, luego por cohecho, pues supuestamente ofrecieron dinero para que los dejaran ir los agentes de la FGJEM.
"Nos dicen que ofreció dinero para que lo soltaran, pero estaba detenido, ¿cómo iba a hacerlo? Confío en la justicia de Dios y quiero confiar en la justicia de México, pero no pueden culpar a alguien solo por presión internacional", expresó.
La familia y la defensa de Jaime "N" exigen una revisión exhaustiva del caso, pues insisten en que las pruebas presentadas son insuficientes y que las detenciones responden más a un contexto de presión política que a hechos comprobados.
