por El Universal
14/04/2026 16:47 / Uniradio Informa Sonora / Sociedad / Actualizado al 14/04/2026
La próxima visita del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, coloca al Estado mexicano ante la presión internacional de reconocer la magnitud de la crisis de desaparición de personas, marcada por el aumento sostenido de casos, más de 70 mil cuerpos sin identificar y una impunidad prácticamente absoluta, advirtió el jurista Santiago Corcuera.
Durante la conferencia "Desaparecidos en México: memoria, verdad y exigencia de justicia", organizada por la Universidad Iberoamericana, el exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sostuvo que la visita de dicho funcionario internacional abre una "ventana clave" para que el gobierno mexicano deje de minimizar el problema y se acerque a los mecanismos internacionales que han ofrecido colaboración.
El especialista subrayó que el reto no es únicamente dimensionar la crisis, sino aceptar la "mano tendida" del Comité para atenderla progresivamente, en un contexto donde las desapariciones siguen en aumento y las instituciones no han dado resultados efectivos en búsqueda e identificación.
Corcuera alertó que la crisis forense se ha agravado de manera significativa. Mientras el Comité documentaba alrededor de 50 mil cuerpos sin identificar en años recientes, estimaciones actuales apuntan a más de 70 mil e inclusive 80 mil, lo cual evidencia el rezago institucional.
A esto se suma una impunidad casi total en los casos, situación que ha llevado a instancias internacionales a escalar el tema dentro del sistema de Naciones Unidas.
"La situación no mejora y las desapariciones siguen aumentando", enfatizó.
En el mismo foro, familiares de víctimas expusieron el costo humano de la crisis. Javier Piña y María Tránsito Barajas, padres de Guadalupe Barajas Piña —desaparecida en 2020 y localizada sin vida un año después— denunciaron que buscar a sus seres queridos en México implica riesgos extremos.
"Buscar a nuestros desaparecidos no debería llevarnos a la muerte", reclamó Piña, al recordar que su hijo, Javier Barajas, fue asesinado tras involucrarse en la búsqueda de su hermana.
Los familiares acusaron negligencia y omisiones por parte de autoridades ministeriales.
"Mi hija duró ocho días con vida y no fueron para rescatarla", lamentó Piña, mientras que Barajas sostuvo que los avances en justicia han sido resultado de la presión de las familias y no de la actuación del Estado: "Sentimos que el Estado nos debe esa justicia... se la hemos estado arrancando a la fuerza".
Desde la sociedad civil, Humberto Guerrero, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, criticó la respuesta del gobierno federal frente a los señalamientos internacionales, al considerar que ha optado por minimizar la gravedad del fenómeno.
Indicó que, incluso tomando cifras oficiales, México enfrenta al menos decenas de miles de personas desaparecidas, lo que calificó como una tragedia de gran escala.
"Es lamentable que el mensaje sea tratar de minimizar el problema", señaló.
Por su parte, Andrea Horcasitas, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la IBERO, advirtió que la desconfianza de las familias hacia las instituciones es resultado de años de omisiones, falta de resultados y ausencia de información clara.
También alertó sobre la carencia de datos oficiales suficientes para dimensionar fenómenos asociados, como el desplazamiento forzado y la propia crisis forense, lo que limita la capacidad de respuesta del Estado.
"Decir que México puede resolver esto sin apoyo internacional es faltarle a la verdad", afirmó.
En ese contexto, especialistas coincidieron en que el crecimiento de colectivos de búsqueda refleja el agravamiento del problema.
Cada vez más familias se organizan ante la falta de respuestas institucionales, lo que evidencia tanto la dimensión de la crisis como la ausencia de una política eficaz del Estado.
"Cada vez hay más colectivos porque cada vez hay más desaparecidos", concluyó Corcuera.
