por Agencia México
16/10/2026 10:22 / Uniradio Informa Sonora / Fama / Actualizado al 16/10/2026
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la resolución judicial que concedió un amparo a Kate del Castillo y a su empresa, Kate del Castillo Productions, Inc., para que ambas sean reconocidas formalmente como víctimas dentro de una carpeta de investigación. El recurso busca que un Tribunal Colegiado revise la sentencia que ordenó a las autoridades ministeriales otorgarles ese carácter y garantizarles acceso a los registros del caso, informó Semanario ZETA.
De acuerdo con la información publicada por el medio, el Ministerio Público de la Federación interpuso un recurso de revisión en octubre de 2026 para intentar revertir el fallo emitido por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.
La resolución judicial ordenó dejar sin efectos un acuerdo ministerial del 29 de octubre de 2025, mediante el cual la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos negó reconocer a la actriz y a su compañía como víctimas en la carpeta de investigación FED/FEAI/FEAI-CDMX/0000318/2025.
En aquel momento, la representación social sostuvo que Kate del Castillo y su productora únicamente tenían la calidad de denunciantes, pues, a su consideración, no habían acreditado una afectación directa que justificara el reconocimiento solicitado. Con ese argumento, también les negó el acceso a los registros de la investigación y la posibilidad de recibir notificaciones sobre las actuaciones procesales.
Sin embargo, según detalla Semanario ZETA, el juez Julio César Molina García determinó que el criterio aplicado por la autoridad ministerial era restrictivo y contrario a la Constitución. De acuerdo con la sentencia, los hechos denunciados guardaban relación con la esfera jurídica de las quejosas, por lo que no era válido exigirles demostrar previamente el daño para reconocerlas como víctimas dentro de la indagatoria.
Como resultado, el juzgador concedió el amparo para que las autoridades emitan una nueva resolución en la que reconozcan formalmente esa calidad tanto a la actriz como a su empresa y les permitan consultar los registros de la carpeta de investigación.
El conflicto judicial comenzó después de que la representación legal de ambas solicitara, el 12 de mayo de 2025, que se les reconociera como víctimas en la nueva indagatoria. Meses más tarde, el 11 de septiembre, la defensa pidió acceso a los registros, pero ante la falta de respuesta promovió un juicio de amparo el 25 de septiembre de ese año.
Durante el procedimiento, la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos negó expresamente el reconocimiento solicitado mediante un acuerdo fechado el 29 de octubre de 2025. La defensa amplió entonces la demanda de amparo para combatir esa determinación y citó resoluciones de otros juicios en los que, según sus argumentos, ya se había ordenado reconocer a Kate del Castillo y a su empresa como víctimas en investigaciones relacionadas.
Ahora, de acuerdo con lo reportado por Semanario ZETA, el recurso de revisión presentado por la FGR deberá ser analizado por un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal, que tendrá la facultad de confirmar, modificar o revocar la sentencia de amparo. Por el momento, la impugnación no significa que el fallo haya sido revocado, sino que su validez será revisada por una instancia superior.
Los antecedentes del conflicto se remontan a 2015, cuando Kate del Castillo se reunió con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, entonces líder del Cártel de Sinaloa, para conversar sobre la posibilidad de realizar una película biográfica sobre el narcotraficante. El encuentro ocurrió después de la fuga de Guzmán Loera del penal federal del Altiplano, el 11 de julio de ese año.
El 14 de octubre de 2015, la entonces Procuraduría General de la República inició una averiguación previa por presuntos delitos de lavado de dinero y encubrimiento relacionados con la empresa Tequila Honor del Castillo. Tras la recaptura de Guzmán Loera, en enero de 2016, las autoridades difundieron información sobre sus encuentros con la actriz y fragmentos de comunicaciones privadas, lo que llevó a Del Castillo a promover diversos juicios de amparo por presuntas violaciones a sus derechos, entre ellos la presunción de inocencia y la honra.
Posteriormente, tras el no ejercicio de la acción penal en las indagatorias iniciales, la actriz emprendió procedimientos administrativos y denuncias contra exfuncionarios por presuntos daños patrimoniales e irregularidades procesales. Según los antecedentes referidos en la información de Semanario ZETA, esas acciones dieron lugar a las investigaciones en las que ahora busca ser reconocida formalmente como víctima.
La decisión que tome el Tribunal Colegiado será clave para determinar si se mantiene la protección constitucional concedida a Kate del Castillo y a su empresa, así como su derecho a participar en la investigación en calidad de víctimas y acceder a las actuaciones correspondientes.
