por El Universal
03/07/2026 09:06 / Uniradio Informa Sonora / Gobierno / Actualizado al 03/07/2026
MÉXICO.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que el combate contra la extorsión es una prioridad para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En conferencia de prensa presidencial en Morelia, Michoacán, el secretario informó que en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se han fortalecido las acciones contra la extorsión, en donde destacó que en el último mes se han realizado 16 operativos donde se aseguraron 246 artefactos explosivos, ametralladoras, 39 armas largas y más de 17 mil cartuchos.
Omar García Harfuch afirmó que estos resultados no significan que la tarea esté terminada ni que hayan dejado de cometerse delitos, sino al contrario, se buscan reforzar los esfuerzos.
"La instrucción de la presidenta de México es clara: mantener la presencia del Gabinete de Seguridad en Michoacán; fortalecer a las unidades de las autoridades locales con mayores capacidades de inteligencia e investigación para combatir entre otros delitos, principalmente el delito de extorsión; sostener operaciones focalizadas con trabajo de gabinete y campo; atención a denuncias, y el fortalecimiento del 089 para continuar fomentando las denuncias".
"La instrucción de la presidenta es redoblar esfuerzos. Combatir la extorsión en Michoacán es una prioridad para la presidenta de México, por ello, las instituciones del Gabinete de Seguridad federal mantenemos una coordinación estrecha y permanente con el gobierno de Michoacán con el objetivo de detener a quienes generan violencia, proteger a la ciudadanía y garantizar que no haya impunidad", expresó.
El secretario de Seguridad destacó que desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han detenido a mil 300 personas por delitos de alto impacto, mil 400 armas de fuego, 35 toneladas de drogas y se han destituido 30 narcolaboratrorios para la producción de metanfetaminas.
Afirmó que con estas acciones se afecta a la capacidad logística de grupos criminales que operan en la entidad para extorsionar.
