Salud ve debilidad en la respuesta de México al uso de fentanilo
Inder Bugarin, corresponsal
BRUSELAS, Bélgica.- Las redes sanitarias del país no están listas para abordar el reto que representa la irrupción del consumo de metanfetaminas y fentanilo, así como su uso para adulterar otras sustancias como la xilacina, reconoce en un informe la Secretaría de Salud, en el contexto del programa entre la Unión Europea (UE) y América Latina sobre drogas COPOLAD III.
Según el informe, existen obstáculos legislativos para la implementación de terapias que han resultado clave en diversas partes del mundo para revertir sobredosis y riesgos de muerte, como es la utilización de naloxona. La publicación, en la que aparece entre los créditos David Kershenobich, secretario de Salud, fue elaborada con la asistencia técnica y financiera de la UE, el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas (COPOLAD) y Episteme Social, una plataforma de investigación con sede en Barcelona.
El documento, con fecha de noviembre, supone una guía técnica destinada a los profesionales sanitarios de todos los niveles para atender la problemática del uso de metanfetamina y fentanilo desde el punto de vista del acompañamiento comunitario y de la reducción de riesgos y daños. Está basada en las últimas evidencias en la materia de los tratamientos para los trastornos por el uso de estas sustancias, destacando modelos exitosos en el rubro de la intervención, planificación y recuperación.
Menciona que "enfrentamos un desafío de salud pública que no puede ser abordado únicamente desde una perspectiva de seguridad, sino que exige, en su núcleo, un enfoque de bienestar y justicia social".
El documento sostiene que en México, al igual que en otras partes del mundo, los fenómenos asociados al consumo de sustancias ilícitas se están viendo transformados por la llegada de drogas desconocidas en determinados contextos y regiones, concretamente por la metanfetamina y el fentanilo, cuyo uso "representa un desafío" para las instituciones encargadas de ofrecer respuestas al impacto que están teniendo en los sistemas sanitarios y sociales.
"El sistema de salud mexicano debe amoldarse a las nuevas realidades relacionadas con la llegada y expansión de tendencias de uso de drogas y para ello deberá adaptar sus capacidades para brindar de la forma más eficiente posible, según estándares internacionales, una respuesta a estos nuevos desafíos (...) Los retos asociados al uso de opioides sintéticos de alta potencia se ven agravados por una capacidad de respuesta local limitada en la prevención de sobredosis. La ausencia de una estrategia centralizada de prevención supone un vacío estructural que complica la implementación de políticas públicas en esta materia de forma efectiva.
"Este hecho viene a justificar la necesidad de dotar a los equipos profesionales de herramientas basadas en la evidencia y en los derechos de las personas, en los distintos niveles de atención".
El reporte señala que la adaptación de las buenas prácticas referidas en el informe es una cuestión relativamente sencilla en el contexto mexicano. Afirma que los estándares de atención del país ya prevén que las intervenciones tengan un carácter integral y comunitario, así como están fundamentados en lineamientos internacionales.
Sostiene que México tiene una estructura de atención territorial "firme y bien implementada", pero está centrada en las necesidades específicas de los usuarios tradicionales, por lo que la red debe cambiar al igual que se transforman las condiciones y contextos. "La emergencia del fentanilo y de la metanfetamina, especialmente en algunas zonas del país, supone un reto para la estructura de atención para las personas con necesidad de tratamiento por su consumo de estas sustancias (...) México debe adaptar a su propio contexto las experiencias exitosas de otros territorios donde esas sustancias llevan más tiempo implantadas. En primer lugar, la irrupción del fentanilo en los entornos de consumidores de opioides provoca un mayor número de sobredosis relacionado con la mayor potencia de este opioide sintético como se demostró en Estados Unidos".
Señala que la metanfetamina se relaciona con problemas de salud mental, sobre todo en ámbitos desfavorecidos y marcados por la violencia estructural.
Entre los programas recomendados por organismos internacionales para responder al fentanilo destaca la dispersión de naloxona. "En México, la naloxona sigue, es clasificada como sustancia sicotrópica controlada en el marco de la Ley General de Salud. Esta clasificación representa dificultades en el acceso al fármaco, ya que sólo puede obtenerse bajo prescripción facultativa.
"En la práctica, las organizaciones civiles y servicios sanitarios que operan en la frontera norte importan naloxona de forma informal desde los Estados Unidos". Insiste en que los programas de dispensación libre de naloxona pudieran ser un insumo básico en los entornos donde se consume fentanilo. Otro elemento clave en la estrategia debe ser la adaptación y ampliación de los servicios de atención de los Centros de Integración Juvenil y de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA).
Es fundamental poner orden en las comunidades terapéuticas y centros residenciales que operan bajo la norma NOM-028-SSA-2009, debido a que estos servicios de asistencia tienen déficit en la habilitación y certificación de sus actividades. "Se ha detectado que una parte significativa de estos centros se acciona sin licencias sanitarias vigentes o protocolos clínicos homologados donde pueden darse prácticas no basadas en la evidencia, dinámicas coercitivas o punitivas, como señala el informe Ni socorro, ni salud: abusos en vez de rehabilitación para usuarios de drogas en América Latina y el Caribe". El informe indica que en términos generales, el uso de fentanilo en México va en aumento y parece localizarse en territorios fronterizos con EU.