Armando Corona, el diputado que propuso la Ley Antimemes
MÉXICO.- Armando Corona Arvizu, diputado federal por Morena, se encuentra en el centro del debate público, luego de dar a conocer su propuesta conocida como "Ley Anti-Stickers", que plantea sanciones de hasta nueve años de prisión a quienes difundan memes o imágenes creadas con inteligencia artificial sin consentimiento.
Pero, ¿quién es este legislador y qué lo ha llevado a proponer una medida tan controvertida?
¿Quién es Armando Corona Arvizu y cuál es su trayectoria política?
Armando Corona Arvizu es diputado federal por el Distrito 12 del Estado de México y pertenece al grupo parlamentario de Morena. De acuerdo con información disponible en el Sistema de Información Legislativa (SIL), cursó la carrera de Derecho, aunque no se detalla en qué institución realizó sus estudios. Tampoco aparece registrado en el Registro Nacional de Profesionistas, por lo que no hay constancia pública de su cédula profesional.
El legislador mantiene un bajo perfil en redes sociales, ya que su cuenta de X (antes Twitter) es privada y no suele dar declaraciones a medios. En el ámbito familiar, proviene de una familia con trayectoria política: es hijo del fallecido político priista Armando Corona Rivera y sobrino del actual presidente municipal de Ixtapaluca, Felipe Arvizu.
Su figura cobró notoriedad pública el 1 de octubre de 2024, durante la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, cuando un video mostró el momento en que la mandataria le dio un manotazo para apartarlo mientras intentaba acercarse. Pese a la incomodidad del incidente, el legislador ha manifestado su apoyo total a la presidenta y al proyecto de la llamada "Cuarta Transformación".
¿Qué propone la llamada Ley Anti-Stickers o Ley Antimemes?
Un año después del episodio con Sheinbaum, Corona Arvizu volvió a los titulares al presentar una propuesta que busca reformar el Código Penal Federal para castigar el uso indebido de imágenes y memes generados con inteligencia artificial.
La iniciativa plantea sancionar con penas de tres a seis años de prisión a quienes elaboren o difundan este tipo de contenidos sin consentimiento de la persona involucrada. Sin embargo, si el contenido afecta la imagen de un servidor público, la pena podría elevarse hasta nueve años, ya que la propuesta considera a los funcionarios como "víctimas vulnerables".
El objetivo declarado del diputado es proteger la identidad y reputación de las personas frente al uso indebido de herramientas digitales, aunque expertos han advertido que podría abrir la puerta a la censura de la sátira política y la crítica social, aspectos fundamentales en una democracia.
La figura de Armando Corona Arvizu se mantiene bajo los reflectores por su intento de legislar en torno al uso de inteligencia artificial y los límites de la libertad de expresión. Su propuesta, aún en revisión, genera debate sobre hasta qué punto las leyes deben intervenir en el humor digital y en la creación de contenido en línea.