Pasos en la azotea

Por Manuel Valenzuela V.

Son ya muchas las presiones que está recibiendo el gobierno de la 4T por parte de la administración de Donald Trump y todo pareciera indicar que algo grande se cocina en los círculos de poder de Washington. 

No solo está el tema comercial -que de por sí es crucial para el futuro del país- sino que en los últimos días se enfocan a las ligas que personajes de alto perfil de Morena pudieran tener con el crimen organizado. El ejemplo más reciente lo tenemos en el retiro de la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, así como al presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, Miguel Granados, ambos del partido de la presidenta. 

Adicionalmente, los señalamientos de personajes de alto perfil del obradorismo no son pocos y ya circula en redes sociales una supuesta "Lista de Marco" en referencia a Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, donde se menciona a muchos con nombre y apellido. 

Durante la semana el laureado periodista Tim Golden, del medio Propública, publicó un artículo señalando que el gobierno de Estados Unidos habría decidido retirar las visas de entrada a su país a una lista de políticos mexicanos (incluyen gobernadores) que son mencionados en investigaciones donde son acusados de favorecer a los cárteles del crimen organizado. Golden no menciona nombres, pero admitió en entrevistas que la gobernadora de Baja California sería la primera que se encuentra en ese caso. 

Desde los primeros días en el poder, Trump y varios de sus funcionarios principales han hecho señalamientos en torno al creciente poder que han adquirido en México los grupos del crimen organizado con la complacencia de las autoridades federales, estatales y municipales. Como sabemos, Trump declaró -vía una orden ejecutiva- terroristas a seis de los cárteles mexicanos y han emprendido una cacería de estos grupos cuyas primeras acciones apenas empezamos a ver. 

Por otro lado, aunque han reconocido las acciones recientes del gobierno federal para incautar importantes cargamentos de droga y detener a cuadros criminales de medio pelo, han sido explícitos en su exigencia al gobierno de Sheinbaum para que se investigue y desarticule la red de protección política y policial que ha favorecido la expansión de los grupos criminales.

El gobierno de la presidenta Sheinbaum ha sido omiso ante este último señalamiento al grado de que no solo no ha detenido a ningún político o jefe policiaco o militar que haya protegido a los criminales, sino que ni siquiera ha solicitado a la fiscalía general de la República (FGR) que se abran líneas de investigación en ese sentido. ¡Vaya! Ni siquiera le escandalizaron los decomisos de millones de litros de combustible importado ilegalmente y sin pagar impuestos (huachicol fiscal) en Tamaulipas (Altamira) y Baja California (Ensenada) operados por los grupos del crimen organizado, pero que evidentemente no se pudieron realizar sin la complicidad de autoridades de primerísimo nivel.

Otro elemento que pareciera indicar que alguien da pasos en la azotea del gobierno de México es la decisión de Ovidio Guzmán de declararse culpable de varios de los cargos que le imputan las autoridades de Estados Unidos a cambio de revelar información sensible que suponemos podría afectar a personajes de este y otros gobiernos. La prueba de dicho acuerdo fue la entada de 17 miembros de la familia directa de Ovidio a los Estados Unidos para ponerse en manos del FBI que ya los custodia. 

No es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos juzga, o intenta juzgar, a funcionarios mexicanos de alto nivel por su involucramiento con los grupos del crimen organizado. El caso más reciente fue el de Genaro García Luna y del general Salvador Cienfuegos (éste liberado por intervención del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador), sino también están los casos de los gobernadores de Tamaulipas como Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. En todos esos casos, se les detuvo y procesó una vez que los personajes habían abandonado el poder.

Ahora es la gobernadora en funciones de Baja California la que está en entredicho. No se ha informado oficialmente de que se le esté investigando por algún hecho delictivo cometido por ella o por su esposo, pero tampoco se le ha deslindado de nada. Llama la atención que es la primera vez en la historia que a un gobernador en funciones se le haya retirado la visa para ingresar a los Estados Unidos. Más relevante es el hecho si consideramos que es la máxima autoridad de un estado fronterizo con Estados Unidos en la región de mayor integración binacional del país. 

No sabemos lo que va a seguir, pero por las acciones recientes de Estados Unidos y por las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, parecieran indicar que la luna de miel entre ambos gobiernos ha terminado. Desde que Sheinbaum fue tajante al rechazar la presencia de soldados estadounidenses en territorio mexicano, empezaron a suceder cosas que, si bien parecen casos aislados, pudieran ser parte de una estrategia de presión del vecino del norte. 

Recordemos el conflicto por el agua del Río Bravo que México adeuda a Estados Unidos, donde la presidenta de México fue forzada a transferir a los agricultores texanos parte de la poca agua que hay en las presas internacionales en detrimento del abasto de agua para los habitantes de las ciudades mexicanas y de los agricultores connacionales. 

Vino luego el caso del cierre intempestivo y unilateral de la frontera a la exportación de ganado mexicano a los Estados Unidos, pese a que dos semanas antes se había logrado un acuerdo para combatir conjuntamente el avance de la plaga del gusano barrenador. 

Pueden ser casos aislados, pero por ahora se oyen como pasos en la azotea en la casa del gobierno de México. Lo mejor sería que la presidenta Sheinbaum tomara la decisión de limpiar ella misma la casa, aunque ello implicara un golpe a su propio partido y quizá a su antecesor. De no ser así, se corre el riesgo de que la limpien desde fuera. Veremos si por fin se anima a dar ese paso.